Previamente por decisión unánime los vocales Mateo Busaniche -primer voto-, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren se resolvió rechazar el recurso de apelación presentando por el abogado defensor Rubén Pagliotto.
La causa se inició a partir de la denuncia de Dolores Etchevehere -en octubre de 2014-, familiar de los acusados, en su calidad de accionista de la empresa Las Margaritas S.A. ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Concretamente en esa presentación, Dolores describió que la operación consistió en el otorgamiento de dos préstamos del Banco Itaú por 200.000 dólares y otro, por 50.000 dólares, en agosto de 2011, solicitados por la empresa Las Margaritas S.A, cuya presidenta era Leonor Barbero Marcial.
En su momento el BCRA estableció que los préstamos otorgados habrían sido utilizados para uso personal de los accionistas y que se les dio un destino distinto del que se manifestó al momento de solicitar el crédito, según versa el fallo. Los imputados manifestaron en su momento -así lo reconoció Barbero Marcial- que por razones climáticas postergaron la operación.
La causa, que terminó en condena, se inició a partir de la denuncia de Dolores Etchevehere en octubre de 2014.
Al momento de valorar el recurso defensivo, la Cámara en primer lugar no hizo lugar al planteo de prescripción formulado por Pagliotto, teniendo en cuenta que el plazo previsto es de seis años, y en este caso no se habría cumplido.
El vocal Busaniche respondió a otros dos agravios, el que expresaba «la dudosa constitucionalidad de varios aspectos de la ley 19.359» y sobre los cuestionamientos relativos a «la exhorbitante cantidad de normas del BCRA que adolescerían de defectos de ambigüedad, oscuridad, falta de precisión y que carecerían de adecuada técnica legislativa, todo lo que dificultaría individualizar cuál es ese mandato imperativo en ellas contenido».
Al primer punto se respondió que «no ha puntualizado cuáles serían los agravios que le irrogan las normas aplicadas al sub examine, por lo que solo ha expuesto de manera general lo vinculado al carácter de delito doloso que importan las infracciones cambiarias y lo atinente al plazo de la prescripción». En cuanto al segundo planteo se indicó que «las reglamentaciones que fundan la imputación que pesa sobre los aquí recurrentes no resultan contrarias al principio de legalidad previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional».
En relación a la conducta de los imputados, el vocal consideró «ha quedado demostrado que la firma y sus directores incumplieron con el destino específico de los préstamos». A continuación reseñó brevemente que esos fondos, en vez de ser destinados a cumplir con contratos de venta en firme de mercadería a Molinos Río de la Plata S.A., por decisión del directorio de Las Margaritas S.A. se utilizaron para autofinanciar a Leonor María Barbero Marcial, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, y Luis Miguel Etchevehere, con préstamo de 250.000 dólares, neto de comisiones e impuestos y a una tasa del 8% anual, por lo que se evidenció la falsedad de la declaración jurada cambiaria, suscripta para el otorgamiento de los créditos».
De la misma manera, la Justicia corroboró que los involucrados tenían conocimiento de la maniobra que realizaron, lo que se demostró con lo asentado en las actas de directorio y en los libros contables.
Cuestionamientos
El defensor de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto, adelantó a UNO que sus defendidos «en ningún momento recibieron medio dólar del Banco Itaú, sino un crédito en pesos (1.061.000) referenciado en dólares». Y dijo que la Cámara no hizo un análisis crítico».
Fuente: Agritotal.