La UOCRA, que es el gremio de la construcción, dispuso este miércoles un paro sorpresivo en todas las plantas del complejo agroindustrial de San Lorenzo, al norte de Rosario, donde tienen sus plantas varias de las principales industrias aceiteras, que sin beberla ni comerla estaban siendo perjudicadas por la medida de fuerza.
“El bloqueo de todos los puertos por parte de la UOCRA es una medida absolutamente desmedida e ilegal. Cortan todos los puertos y piden un aumento del 105%. Nadie puede pagar eso. Si el Estado no interviene, no tenemos garantías para seguir trabajando y exportando”, advirtió bien temprano el presidente de la Cámara de la industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras.
El gremio que a nivel nacional conduce Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas dinosaurios (lleva varias décadas en ese puesto) que ha sido aliado de todos los últimos gobiernos de signo peronista, ya había bloqueado el acceso a las terminales de San Lorenzo el 7 de julio, afectando con esta decisión la operatoria de las fábricas que muelen soja y de los puertos agroexportadores. Aquel conflicto, que en realidad involucraba a las contratistas de obras que trabajan dentro de esos complejos portuarios, fue resuelto un día después por una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Santa Fe.
Pero vencieron los plazos, la negociación no prosperó y los sindicalistas volvieron a la carga. Según fuentes de la industria aceitera, que se ve afectada, “el fracaso de la negociación se debe a que el sindicato de la construcción pide un 104% de aumento”.
Lo curioso es que al pedir la intervención de las autoridades, la CIARA difundió un gráfico hecho desde su prima hermana Acsoja, que agrupa a la cadena de la oleaginosa. Allí se muestra que el más afectado por este tipo de bloqueos a las estaciones portuarias ubicadas a la vera del Río Paraná no son las propias empresas sino el Estado (es decir, todos los argentinos), que es el que recauda el grueso de cada barco de soja que recorre esa hidrovía para llevar la soja y sus derivados hacia los mercados globales.
En efecto, según el gráfico de Acsoja, el 41% del valor de la carga de cada buque corresponde a tributos e impuestos (en especial las retenciones del 33%) que recauda el Estado, mientras que el 43% es el precio pagado al productor, 3% los gastos de acopio, 7% los costos del flete y solo 6% el margen que le queda a la industria que procesó y exportó el poroto.
Fuente: Bichos de campo.