La propuesta incluye un apartado para el complejo industrial oleaginoso, donde el reintegro sería del 1,5% a harinas y pellets, y del 2,5% a aceites y biodiésel. Por otro lado, aclara que “la reducción de los impuestos será gradual para no afectar los ingresos fiscales del Estado Nacional”, aunque plantea la posibilidad de que “algunos productos procesados y las economías regionales se queden sin pagar derechos de exportación desde el comienzo del plan”.
Los empresarios consultados por Ámbito consignaron que la propuesta fue bien recibida por Alberto Fernández, que les pidió “ajustar los detalles ya”. En este sentido, se consensuó la creación de una mesa con la participación del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Agricultura, la Cancillería, la Jefatura de Gabinete y representantes del sector privado.
Desde el Ministerio de Relaciones Internacionales ven con buenos ojos el plan presentado. “Es consistente”, aseguró el titular de la cartera, Felipe Solá. Al mismo tiempo, agregó que “las exportaciones del sector podrían aumentar de 65 mil millones de dólares a 85 mil millones en los próximos dos años”.
La propuesta entusiasma a la Cancillería porque va en línea con lo que reveló el último informe de su centro de estudios. Los investigadores del área detectaron que la clase media está creciendo en Asia y en África, que está comenzando a consumir carne y que allí hay una oportunidad de negocios.
En ese sentido, el documento plantea el “desarrollo de una agenda dinámica de negociaciones internacionales en los ámbitos multilaterales, regionales y bilaterales”. De todos modos, para el sector privado esto ya está sucediendo y más aún a partir del reciente lanzamiento del consejo público privado para la promoción de las exportaciones.
En el Gobierno consideran que el mundo pospandemia va a demandar más alimentos. Por eso, ya están analizando los pedidos del Consejo Agroexportador y afilan los detalles para enviar los proyectos de ley al Congreso de la Nación.