La presión impositiva es uno de los principales problemas que afecta al negocio agropecuario. El índice del presente mes elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 59,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Así, de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $59,2 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos. Por otro lado, la participación del Estado en la renta de una hectárea de maíz es de 49,7%; en una de trigo es de 55,2%; en una de girasol, 49%, y en una soja, 64,6 por ciento.
Mientras el índice Fada nacional es de 59,2%, Córdoba registra un 58,7%, Buenos Aires 60,7%, Santa Fe 58,4%, La Pampa 58,7%, Entre Ríos 62,3% y San Luis 57,1%.
Además, los impuestos que son coparticipables entre el Estado nacional y las provincias, significaron el 34% del total, con el impacto del impuesto a las ganancias y el IVA. Hay que recordar que las provincias también aplican otros impuestos, como el inmobiliario rural, ingresos brutos y sellos. Y en lo que respecta a los municipios, la carga impositiva que aplican significó en el último relevamiento de FADA el 0,5% del total, con una importante incidencia de las tasas de red vial.
Y además señaló: “Esto afecta de manera negativa al federalismo por tres cuestiones: la primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de retenciones”.
El informe también aclaró que no se tuvo en cuenta el impacto del impuesto a la riqueza que se convirtió en Ley la semana pasada. Y se citó como ejemplo lo que puede suceder en la provincia de Córdoba: De acuerdo a la valuación fiscal vigente en el distrito provincial, aquellos campos de 800 hectáreas en Río Cuarto y de 550 hectáreas en Marcos Juárez, alcanzan el umbral mínimo para pagar el impuesto a la riqueza. “Claro que al valor fiscal de los campos hay que incorporarle maquinaria y vehículos”, señalaron desde la Fundación.
Cepo cambiario y costos
“Esto genera en la economía un incentivo de las personas a adquirir y stockearse de bienes dolarizados: autos, electrónica y materiales de construcción. En el sector agropecuario genera dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar; por otro lado, genera incentivos a stockearse de bienes dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios”, comentó Miazzo.
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La presencia del Estado en cada uno de los cultivos, a través del cobro de impuestos (Fundación Fada)Para tomar dimensión de la incidencia de los costos en pesos y en dólares de una hectárea, ejemplificaron que el 54% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, pero si considera el costo de la tierra dentro del esquema, los costos dolarizados pasan a representar el 68%. En relación al maíz, los costos dolarizados ascienden al 59% de la estructura, y llegan al 67% si se considera el costo de la tierra.
Por último, el informe de FADA sostiene que muchos costos en pesos están relacionados con el dólar. A modo de ejemplo citaron a los combustibles, el valor de los camiones y maquinaria, las labores, y los insumos que varían en relación al tipo de cambio.
Fuente: Infobae Campo