En marzo comienza el período de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal de Rafaela y el sector productivo está preocupado por el debate de una ordenanza que propone extender a 1.000 metros del éjido urbano la restricción para aplicar agroquímicos.
El proyecto de ordenanza, que presentó una concejal del oficialismo -el PJ gobierna la ciudad-, extiende la prohibición a 1.000 metros y la zona de “amortiguación” a 1.000 metros más. En todos los casos se trata de pulverización terrestre, ya que las aplicaciones aéreas están prohibidas.
También están organizando una jornada de buenas prácticas agrícolas, que se realizará el 17 de marzo, para demostrar que las aplicaciones profesionales y responsables son seguras. En la organización participan la Red Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Es un evento muy parecido al que se desarrolló en Tandil, otra ciudad en la que hay fuertes tensiones por el límite agronómico para aplicar herbicidas, plaguicidas y fungicidas.
“Nosotros no somos envenenadores seriales. Somos parte de la población y nos preocupa la salud, el equilibrio ambiental y la producción de alimentos. Por eso de la jornada van a participar científicos, especialistas técnicos y un médico toxicólogo”, le adelantó a Clarín Rural Norma Bessone, presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela.
Como en Tandil, también se desarrollarán aplicaciones para mostrar cuál es la “deriva” en el uso de agroquímicos en una situación a campo y que lo puedan ver los concejales, funcionarios y toda la gente que viene siguiendo este tema.
El impacto económico
En el relevamiento que se realizó para determinar el impacto de la restricción vigente en el sector productivo de Rafaela, se determinó que la prohibición actual afecta un área de casi 800 hectáreas en la que tienen sus campos 26 productores.
De este total se estudió a fondo la situación de 15 productores: hay siete tambos, cinco establecimientos dedicados a la agricultura y tres con planteos mixtos (agricultura y ganadería).
Estos establecimientos generan 49 empleos directos y muchos más al analizar la cadena de valor. “Los siete tambos ubicados en el periurbano de Rafaela, por ejemplo, contribuyen a generar alrededor de 105 empleos en servicios contratados, transporte, procesamiento, envasado y almacenamiento de la leche y comercialización”, precisa el relevamiento.
El trabajo también detectó que 408 proveedores trabajan con estos 15 establecimientos y más de 70 profesionales y asesores técnicos.
“El aumento de la superficie con prohibición de aplicación de fitosanitarios, pone en situación de riesgo la viabilidad económica de la actividad productiva de estas tierras fértiles, y por ende la ocupación laboral y demanda de bienes y servicios destinadas a la producción de alimentos”, concluye el estudio.
Fuente: Clarín Rural.