La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, admitió hoy ante la Mesa de Enlace un crecimiento de los ataques contra silobolsas e indicó, según dijeron ruralistas, que un 40% de los ataques se dieron en junio pasado.
Esta tarde, luego de un pedido de audiencia, y acompañada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, Frederic conversó con los dirigentes de Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Según indicó tras el encuentro Carlos Achetoni, presidente de FAA, en el encuentro se comentaron avances en materia de protocolos de seguridad para las provincias afectadas por los actos de vandalismo.
Achetoni expresó que va a haber un trabajo de interacción con los municipios y patrullas rurales para «mejorar patrullajes y protocolos».
Ayer, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, con la ministra de Seguridad anunció la reactivación de un área de su cartera para afrontar esta problemática con información georreferenciada y, entre otras cosas, un censo de silobolsas.
El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para castigar con hasta 5 años de cárcel a quienes rompen silobolsas.
En esta línea, según Achetoni, Frederic «resaltó la posibilidad que haya una tipificación» para este delito. Achetoni indicó: «Cualquier cosa que comience a tipificar y dar algunos parámetros está bien».
Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, señaló que la reunión con Frederic fue «satisfactoria». Destacó que la ministra dijo que este tema es «estratégico».
«Necesitamos esa manifestación fuerte por parte del ministerio, por parte del Poder Ejecutivo y si fuera, por el presidente, porque de esa manera, con esa energía se va a motivar las políticas de seguridad para prevenir el delito», dijo.
En un comunicado, distintas organizaciones del agro se refirieron a la iniciativa de Massa y destacaron la rapidez en el abordaje del tema «dado que el alcance de los daños producidos afecta a la sociedad entera, en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria, en un contexto en el cual la producción de alimentos resulta fundamental». Además, instaron a que se dé «pronto tratamiento y aprobación a la cuestión dentro del actual periodo legislativo».
Las entidades firmantes son: Acsoja, Argentrigo, Asagir, Asociación Semilleros Argentinos, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe, la Cámara Algodonera Argentina, la Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, la Cámara Argentina de Feedlot, la Cámara Argentina de la Alfalfa, la Cámara Argentina de Productores Avícolas, la Cámara Argentina de Maíz Pisingallo, la Cámara Argentina del Maní, la Cámara de Industriales Arroceros, la Cámara de la Industria Aceitera, la Cámara de Legumbres, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, el Centro de Corredores y Agentes, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el Centro de Exportadores de Cereales, Coninagro, el Consorcio Exportadores de Carnes, la Federación Argentina de la Industria Molinera, la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales, la Federación Olivícola Argentina, Frutas de Argentina, Maizar, MATba Rofex y la Mesa Nacional de Carnes.