En los últimos tiempos diputados nacionales presentaron proyectos que intervienen de manera directa la posibilidad de gestionar tierras productivas afectadas por incendios.
Un proyecto firmado por los diputados Máximo Kirchner, Eduardo Bucca y Graciela Camaño, entre otros, propone modificar la Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815) para establecer que la prohibición por un plazo de treinta años de la realización de emprendimientos inmobiliarios “en caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
El proyecto, en tales situaciones, también prohíbe por treinta años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio” y “la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
Eso implica que, en caso de un incendio, ya sea natural o provocado por una persona ajena a una empresa agropecuaria, el establecimiento debería mantener por tres décadas el mismo planteo productivo que el desarrollado antes del incendio más allá de los cambios comerciales, tecnológicos y productivos ocurridos en ese transcurso de tiempo.
El proyecto además indica que tal prohibición debería extenderse por sesenta años en aquellas zonas incendiadas definidas como “humedales”, lo que podría comprometer la sostenibilidad productiva de vastas regiones argentinas.
Las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que observan “con enorme preocupación el avance de esa iniciativa que “no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio, es decir, se iguala sin distinción de responsabilidades”.
“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, apuntó CRA por medio de un comunicado.
Otro proyecto creado por la diputada Hilda Clelia Aguirre (Frente de Todos; La Rioja) propone “declarar como zona de reserva para reforestación las tierras arrasadas por el fuego en todo el territorio de la Nación Argentina”, lo que implicaría que cualquier campo quemado –más allá de cuál sea el origen del fuego– quedaría fuera de producción de manera eterna.
Otra iniciativa diseñada por la diputada Brenda Luis Austin (UCR; Córdoba) y avalado por Alicia Fregonese, Gustavo Menna y Máximo Ferraro, entre otros, pretende crear un “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” con partidas provenientes del Presupuesto de la Administración Nacional, creando así una nueva estructura burocrática en el (quebrado) Estado nacional.
Fuente: Valor soja.