«En estos 22 años de vigencia de las retenciones a la soja, el Estado se se quedó con el 100 por ciento del valor de la tierra», así de lapidaria es la conclusión del ingeniero agrónomo, productor y exfuncionario del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, tras un análisis de la presión tributaria sobre los agricultores para este cultivo desde que se establecieron los derechos de exportación en 2002.
Asimismo, estimó que en la campaña 2024/2025, solo por el cultivo de soja, el Estado recaudará 13.675 millones de dólares, lo que representa un 52 por ciento del ingreso bruto en dólares.
Para el caso de la producción de la oleaginosa en campo propio –sin el costo oportunidad de la tierra- en un establecimiento de 200 hectáreas ubicado a 300 kilómetros de los puertos del Gran Rosario, contando con solo un empleado y descontándole los costos directos, indirectos, de infraestructura e impositivos, Roulet calculó el ingreso final del productor y su peso tributario.
Con un precio FOB de 450 dólares por tonelada y un rendimiento de 3,5 toneladas por hectárea, se obtendrían ingresos brutos por 1.575 dólares por hectárea. Si a eso se le descuenta el 33 por ciento correspondiente a derechos de exportación, unos 519,75 dólares por hectárea que se lleva el Estado nacional, el ingreso queda en 1.055,25 dólares por hectárea, a los que deben restarse gastos totales por 509 dólares por hectárea. Luego, se van 14 dólares por hectárea por impuesto inmobiliario provincial y tasas municipales, 18,63 por impuesto al cheque, 26,39 por bienes personales, 191,18 por impuesto a las ganancias y 28,87 por ingresos brutos, totalizando un costo impositivo de 265,07 dólares por hectárea. De esta manera, el ingreso final del Estado llega a 784,82 dólares por hectárea para este ejemplo.
«Si analizamos la participación de todos los actores del cultivo de la soja en el resultado final de siembra en campo propio el Estado se lleva prácticamente el 50 por ciento del ingreso de dólares por hectárea», remarcó Roulet.
Efectivamente, los ingresos generados por la soja fueron de 1.575 dólares y se distribuyeron un 17,85 por ciento para el productor (281,18 dólares); 32,31 por ciento en gastos (509 dólares); y 49,84 por ciento para el Estado (784,82 dólares).
Cuando el cálculo se realiza en campo alquilado, considerando un alquiler de 15 quintales por hectárea y se calcula el impuesto que paga tanto el productor arrendatario como el dueño del campo, se observa que la participación del llega casi al 53 por ciento del ingreso total por hectárea de soja cultivada.
En este caso, los gastos para el arrendatario ascienden a 834 dólares por hectáreas, teniendo en cuenta que 450 corresponden a alquiler, y el margen bruto es de 131,25 dólares por hectárea. El costo impositivo es de 93,43 dólares por hectárea para el productor y de 221,29 para el propietario. Así, el ingreso final del arrendatario queda en 37,82 dólares por hectárea, el del arrendador en 228,71 y el ingreso final del Estado se eleva a 833,47 dólares por hectárea.
«Al dueño de campo que alquiló a 15 quintales por hectárea, restándole el costo impositivo, le quedan 7,6 quintales por hectárea (228,71 dólares por hectárea). Si el valor del campo es de 15.000 dólares por hectárea, la renta es del 1,5 por ciento anual en dólares», analizó el ingeniero.
«El inquilino que invierte 834 dólares por hectárea, el resultado final es de 37,82 dólares por hectárea, lo que implica una renta del 4,5 por ciento del capital invertido, con todos los riesgos climáticos, biológicos y de mercado», detalló.
«El Estado se queda con el 52 por ciento de los ingresos sin riesgo y sin inversiones, ya que no hay caminos rurales ni rutas acorde a la producción, ni obras de sistematizaciones hidráulicas, ni seguros de riesgos climáticos, ni seguridad de carga», reclamó Roulet.
Ingresos del Estado. Fuente: Néstor Roulet.Ingresos del Estado. Fuente: Néstor Roulet.
Según este análisis, en los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja en Argentina, el Estado se llevaría 14.166.537.500 dólares, a un promedio de 818,87 dólares por hectárea. «Esto implica que a un valor promedio de 15.000 dólares por hectárea agrícola del país, se queda en forma anual con el 5,5 por ciento del valor de la tierra», advirtió. Y, teniendo en cuenta que las retenciones tienen una vigencia de 22 años, sostuvo que en el total del período, «el Estado se quedó con el 100 por ciento del valor del campo».
Con los números en la mano, afirmó que al Estado «le conviene el sistema de producción en campos alquilados», ya que con el mismo recauda un 6,5 por ciento más «por lo que se entiende este esquema financiero sobre el productivo», indicó. Y afirmó que «a los gobiernos populistas no les interesa el campo sino su renta”.
Fuente: Clarín Rural