Un 11 de marzo de 2008 se sacudió el avispero del campo. Con la firma del entonces ministro de economía Martín Lousteau, se publicaba la resolución 125/08 en la que se establecía un esquema de “retenciones móviles” para el cobro de los derechos de exportación agrícolas.
En concreto, se buscaba establecer un sistema incremental de cobro de esos derechos para la soja, el girasol, el trigo y el maíz, y todos sus productos derivados. Para la soja y el girasol, las retenciones, con el nuevo esquema, pasaron a ser del 44% y 39% respectivamente, mientras que las alícuotas para el trigo y el maíz se ubicaron 27% y 24%.
Finalmente, el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso no prosperó al ser rechazado en una sesión histórica en la cual entonces vicepresidente Julio Cobos debió definir, con el famoso voto “no positivo”, al registrarse un empate en el Senado. Así se puso fin a un período de protestas que, conocido como el “conflicto agropecuario”, prácticamente paralizó al país durante varios meses.
Las cuatro entidades gremiales, que hasta entonces no se “daban la hora”, encontraron acuerdos y conformaron la “Comisión de Enlace”; recorrieron piquetes y kilómetros, en muchas casos con el impulso de los denominados “productores autoconvocados”.
El “conflicto agropecuario” fue uno de los detonantes que facilitaron la victoria de Mauricio Macri en 2015, quien, atento a eso, una de las primeras medidas que tomó fue la eliminación del impuesto para cereales y la reducción para oleaginosos.
Finalmente, en el último tramo de su gobierno Macri no pudo cumplir su promesa y debió “manotear” los recursos del agro, algo que posteriormente fue reforzado y consolidado durante la gestión de Alberto Fernández.
La cuestión es que pasaron ya 16 años de ese evento y las retenciones agrícolas siguen estando en la agenda pública con un gobierno “libertario” que, insólitamente, intentó aumentarlas, aunque aparentemente ahora habría dado marcha atrás con esa iniciativa.
Sin embargo, los productores hoy en día, a pesar del relato oficialista, siguen pagando 33% de retenciones a la soja, a diferencia del proyecto que hoy cumple 16 años de Lousteau. En aquel entonces se impulsaba un régimen móvil, incrementando el porcentaje si los precios internacionales subían, pero bajando si los precios así lo hacían también.
No obstante, el esquema era absolutamente asimétrico: si el precio de la soja caía al ridículo precio de un dólar la tonelada, el Estado pretendía, aun así, llevarse 23 centavos.
El “impuestazo” promovido por Lousteau resultaba demoledor. Por ejemplo, en febrero de 2008, previo al anuncio del ex ministro de Cristina, al considerar la relación insumo/producto, se necesitaban 1,6 toneladas de soja para comprar una tonelada de urea. O bien 2,0 toneladas de soja para adquirir 100 litros de glifosato.
Datos históricos proporcionados por Jeremías Battistoni, de la consultora AZ Group, muestran que solamente tres meses después de las “retenciones móviles”, esa ecuación era definitivamente otra: la relación soja/urea había pasado a 3,0, mientras que la correspondientes a glifosato era de 2,5. Es decir: el poder de compra de la “moneda soja” se había licuado de manera dramática.
¿Y cómo luce actualmente el cuadro de la relación insumo/producto de soja? No está tan mal como en julio de 2008, pero la realidad es tampoco está muy lejos de ese escenario. Y eso sucede no porque la carga tributaria sea tan alta como entonces, sino porque la presión impositiva vigente, si bien es más baja en términos nominales, resulta demasiado elevada para los deprimidos valores actuales de la oleaginosa.
A 16 años del anuncio oficial de la instauración de las retenciones móviles, la moraleja es que, con un cambio abrupto de reglas de juego no fue difícil despertar la indignación generalizada de los integrantes de la comunidades agropecuarias. Ahora, en cambio, con una degradación progresiva de las condiciones del negocio agrícola, la indignación se va cocinando “en cuotas” a fuego lento.
Fuente: Bichos de campo.