Cuando se habla de “déficit cero” para la administración pública nacional lo primero que viene a la mente de muchos argentinos es la imagen del presidente Javier Milei con la “motosierra” recortadora de gastos.
Sin embargo, la realidad es bastante más compleja dado que, para cortar con la emisión monetaria como fuente de financiamiento, se requiere tanto bajar gastos como aumentar ingresos. Y esto último no es otra cosa que incrementar la presión tributaria.
En ese marco, el ministro de Economía Luis Caputo tenía todo listo para recurrir a un mecanismo tan remanido como usual en la “caja de herramientas” de la corporación política: los derechos de exportación.
De hecho, el Ministerio de Economía publicó en redes sociales sus planes para implementar una retención generalizada con una alícuota del 15% para todas las exportaciones (con excepción de las correspondientes a las del complejo sojero, que seguirían duplicando esa alícuota).
Sin embargo, en la vorágine para que “cierren” los números, el equipo económico de Caputo no advirtió que el Poder Ejecutivo no tiene facultades delegadas para modificar alícuotas de derechos de exportación.
Eso porque en el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 de la Administración Pública Nacional el Congreso, realizado el año pasado, el Congreso finalmente decidió no ceder al Poder Ejecutivo las “facultades delegadas” comprendidas en la Ley de Emergencia (N° 27.541), por medio de la cual el gobierno puede subir alícuotas de derechos de exportación en hasta un 33% para el complejo sojero y en hasta un 15% para el resto de los productos.
Existe la posibilidad de recurrir a un decreto para aplicar la pretendida alícuota del 15%, pero el mismo posteriormente debería ser validado en el Congreso y el oficialismo no tiene mayoría propia que garantice el éxito de esa iniciativa.
Por ese motivo, si bien Caputo estaba resuelto a contar de inmediato con esa fuente adicional de ingresos, la misma no fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial porque a último momento descubrieron que el gobierno no tiene potestad legal para tomar esa decisión.
En la presente jornada se están evaluando alternativas para poder destrabar esa iniciativa recaudatoria, ya sea a través de un trámite exprés como por la correspondiente vía legislativa.
Fuente: Bichos de campo.