La enorme mayoría de los márgenes agrícolas que se están elaborando esta campaña muestran que los productores argentinos perderán dinero sembrando maíz o soja en campos alquilados (y el 70% de la agricultura se hace bajo arrendamiento). Una de las razones de tan malos resultados, además de la suba de costos y la baja en el precio de los granos, es la persistencia de retenciones, que se llevan 33% del valor bruto de la cosecha de soja y 12% en el maíz y el resto de los cereales.
En Estados Unidos, los precios de los granos son igualmente malos y los productores los sufren. Pero allá no existen las retenciones y por el andamiaje de protecciones al sector impuesto por la Ley Agrícola (Farm Bill), existen pagos directos del Estado a los productores agrícolas para garantizarles una renta mínima, que les permita seguir dentro del circuito productivo el año entrante.
Las diferencias de los modos de producción, de los ingresos y de los costos, no son tan grandes entre un país y otro. Lo que es apabullante aquí es el destrato de la política pública hacia los productores, que allá son objeto de cuidado. Y esto le cabe tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, que aquí ni siquiera fue capaz de colocar el tema de las retenciones en agenda.
En Estados Unidos, en cambio, el Congreso aprobó el sábado una resolución que define una transición presupuestaria entre el gobierno demócrata que se va y el republicano que llega. Dentro de ese mega paquete que durará hasta marzo, cuando Donald Trump ya esté en funciones, hay un apartado para financiar al USDA (Departamento de Agricultura) con 31 mil millones de dólares. Es una suma semejante al valor de toda la cosecha en la Argentina.
¿Para qué se usará ese dinero? El grueso -unos 21 mil millones de dólares- se irán en ayudas estatales contra desastres agrícolas. Pero habrá otros 10 mil millones de dólares que se usarán a compensar directamente a los productores agrícolas de granos, por las pérdidas sufridas la última campaña. La medida supone una extensión de un año de la Ley Agrícola de 2018.
Esta ayuda directa para los agricultores debería estar disponible 90 días después de la promulgación de esta legislación.
El sitio AgWeb citó al contador público agrícola Paul Neiffer, quien calculó los montos de pago por acre a través del programa de Asistencia por Pérdidas Económicas basándose en su conocimiento sobre estas disposiciones.
Como cada acre equivale a 0,40 hectáreas, la “traducción” de estos números a la unidad de medida utilizada aquí equivalen a unos 108 dólares por hectárea en maíz, 75,6 dólares en soja, 78,5 dólares en trigo, 209 dólares en algodón y 172 dólares en arroz.
Neiffer aclaró que hay un límite de pago de 125.000 dólares por establecimiento, que es menor que los 175.000 propuestos originalmente en la Ley Farm. Pero, de todos modos, si el 75% del ingreso bruto total anual del productor proviene de la agricultura, entonces ese “farmer” califica para el pago doble.
Para tomar estas decisiones, La Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes había solicitado al Centro de Política Agrícola y Alimentaria de Texas que analizara el impacto de la asistencia económica brindada a través de esta disposición. El resultado fue que los fondos públicos “mejorarán la situación de efectivo final (ingresos) en su sistema de Granjas Representativas en casi un 20% para fines de 2025”.
Por otro lado, no se someterá a los productores estadounidenses a sufrir de una intolerable burocracia, ya que ahora “el USDA lanzará su programa y, como tiene todos los datos, es probable que el agricultor no tenga que hacer nada más que registrarse. Calculo que el pago se realizará en febrero o quizás a principios de marzo, ya que tienen que emitir esos pagos en un plazo de 90 días”, dijo el contador Neiffer.
Fuente: Bichos de campo