Tras haber atravesado la peor campaña en décadas como consecuencia de la falta de lluvias, con una magra cosecha gruesa todavía inconclusa y sin saber aún cómo podrán encarar las nuevas siembras de invierno, los productores agropecuarios reclaman al gobierno nacional que deje sin efecto una disposición que los perjudica. Se trata de la extensión de la Resolución A 7720 del Banco Central de la República Argentina dictada en marzo, que impide acceder a créditos con tasas subsidiadas a los productores que tengan más del 5% soja en existencia o hayan vendido granos y/o subproductos en el marco de las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador, más conocido como dólar soja I, II y dólar agro.
Desde la Sociedad Rural de Rosario (SRR) reclamaron que, con este impedimento, el Gobierno está «trabando así una herramienta de financiación para toda la banca argentina, para hacer frente a la cadena de pagos que se está cortando». Por eso, consideran «imprescindible derogar esta disposición para poner en marcha la actividad económica».
«El primer día de este año alertábamos que para el sector agropecuario el 2023 estaba perdido y ese vaticinio se profundizó ya que la sequía durante todo el verano asoló y la cosecha muestra dramáticos resultados», indicó la SRR
«En diciembre 2022 se perdieron el trigo y las legumbres. La cosecha de soja y maíz se calcula a nivel nacional en un 35% del total esperado, muy por debajo de los 20 millones de toneladas. Similar situación está observándose con el sorgo y el girasol. Por lo que la provincia de Santa Fe, obtendrá un 20% de los resultados históricos», repasaron desde la entidad.
Asimismo, advirtieron que la situación de la ganadería «es muy negativa» tanto para los rodeos de cría como para los tambos. «Se siguen vendiendo vacas a precio de remate por falta de preñez, estado corporal o bien falta de reservas invernales. Como si esto fuera poco, la falta de agua en el perfil impidió la siembra pasturas para cubrir el invierno», lamentaron.
La SRR aseguró que la actual situación del sector agropecuario es de «catástrofe». «Se estiman pérdidas del orden de 21.000 millones de dólares que se invirtieron y no se van a recuperar. Además, venimos de años de desfinanciamiento provocados por la confiscación impositiva que hoy se acrecienta, observando que el estado nacional participa del 79,10% de la renta agrícola y del 94,1% de la renta de la soja, algo inadmisible», remarcaron. Se han perdido los precios de referencia del mercado para nuestros productos, insumos y repuestos, con una inflación creciente que asfixia todavía más la vida de todos los argentinos.
«El sector productivo respira un ambiente de impotencia y desesperación, ya que perdió su inversión, su capital y quizás su futuro. Mientras tanto, el estado desenfrenado traba y confisca automáticamente, cuando son imprescindibles las soluciones», expresó la SRR. Al tiempo que aclaró: «No queremos privilegios, pero sí que nos permitan trabajar libremente, como lo determina nuestra Constitución Nacional. Argentina, lo necesita».
Fuente: Clarín Rural