Las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel atraviesan una situación crítica por la falta de rentabilidad y aseguran que «desde septiembre, dos tercios de las plantas de todo el país frenaron la producción”. Por eso, el viernes pasado enviaron una carta a la Secretaría de Energía de la Nación reclamando que cumpla con la ley 27.640 que establece un corte obligatorio del gasoil con un 7,5 por ciento de biodiésel y que fije un precio oficial acorde para poder continuar operando y evitar así que se sigan paralizando industrias y que en noviembre falte combustible en los surtidores.
Cabe recordar que, por ley, es esa Secretaría la que establece mensualmente el precio que reciben los industriales por su biodiésel, valor que se encuentra congelado desde el 23 de agosto cuando se llevó a 434.000 pesos la tonelada, un 15 por ciento por debajo del precio de equilibrio, según los cálculos de las empresas, y que no les permite cubrir los costos de producción. En la norma, también se indica que con el precio fijado, las elaboradoras de biocombustible deberían, como mínimo, poder cubrir sus costos operativos y tener cierta rentabilidad.
Pero estas industrias también están atrapadas por otros factores que no manejan y que determinan su resultado económico. Por un lado, se ven obligadas a comprar el aceite de soja, la materia prima para la elaboración de biodiésel, a las grandes aceiteras (Cofco, AGD, Dreyfus, por caso), y aquí encuentran la primera pinza que los asfixia. «El aceite de soja es un commodity que tiene retenciones, por lo tanto, su precio debería estar por debajo de los 700 dólares que es lo que recibe una aceitera cuando exporta, es decir, el precio pleno menos retenciones. Sin embargo, a nosotros, que somos pymes, nos cobra entre 900 y 950 dólares por tonelada», explicó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) en diálogo con Clarín. «Es un abuso de posición dominante de las aceiteras, un precio muy superior al del mercado», subraya. Además, esas grandes firmas, les exigen el pago anticipado del aceite de soja. «Les tenemos que pagar entre 24 y 48 horas antes de que envíen el camión», indica
Por otra parte, las pymes venden su biodiésel en pesos a las compañías petroleras -a un precio que fija el Gobierno- las que les pagan recién a los 40 días de la entrega.
Así, atrapados sin salida, los pequeños y medianos empresarios, a través de las cámaras que los agrupan (CEPREB, CASFER y CAPBA), enviaron un “pedido desesperado” al Gobierno por la “situación insostenible de una industria que viene soportando el aumento de costos y la falta de precio oficial para poder operar”, señalaron.
Estas 27 pymes elaboradoras de biodiésel, dedicadas en forma exclusiva al abastecimiento del corte obligatorio establecido en la ley 27.640, están distribuidas en distintas provincias del país y emplean unos 2000 trabajadores de manera directa y otros 8000 de forma indirecta. Hoy muchas de ellas están pagando los salarios aún sin estar produciendo. Por ese motivo, las empresas le solicitaron al ministro de Economía, Sergio Masa, “medidas urgentes tendientes a permitir que la industria siga produciendo ya que, de lo contrario, advirtieron, “10.000 familias se quedarían sin empleo a partir de noviembre”.
Según contaron, la mayor parte de las empresas del rubro, dos tercios del total, paralizó su producción durante septiembre, a medida que fueron quedándose sin aceite y en los próximos días estaría ocurriendo lo mismo con las pocas compañías que aún están operando con los que les queda. «En octubre, a este ritmo, no se va a cumplir con el corte obligatorio, ni siquiera con el 5 por ciento», señaló Martelli.
«Nosotros entendemos la lucha contra la inflación del ministro Massa, tenemos muy buen diálogo con los funcionarios de su equipo y con la Secretaría de Energía, y ponemos el hombro, pero no podemos ser el pato de la boda de los problemas macroeconómicos que hay. No es ajustando a la industria del biodiésel y mandándola a la parálisis la manera de solucionarlo», expresó.
El director enumeró varias alternativas para salir de la crisis y evitar el cese de la actividad: «Que el Gobierno suba el precio en pesos o que obligue a las aceiteras a que nos venda el aceite de soja a un precio razonable o que obligue a las petroleras a que nos paguen a las 24 horas o que nuestro producto pase a nominarse en dólares, entonces nosotros les cobramos a los 40 días al valor del dólar”, detalló.
“Sin medidas urgentes no resulta económicamente factible la operación, toda vez que los dólares resultantes de convertir el cobro del precio de venta en pesos no alcanzarán siquiera para cubrir los costos variables de producción”, aseguraron las pymes en la carta enviada al Gobierno.
Los industriales también remarcaron que «sin previsibilidad se torna imposible invertir en desarrollo de mejores y más eficientes tecnologías de producción de biodiésel». En consecuencia, «se dejan de observar aspectos socioeconómicos, generando consecuentemente un impacto negativo para las economías regionales donde se encuentran insertas nuestras plantas.”
Hasta el momento, los elaboradores de biodiésel no tuvieron respuestas del gobierno nacional y advirtieron que, de continuar así, «el próximo paso sería comenzar con las notificaciones por despido a los empleados de las plantas que ya están paralizadas».
Fuente: Clarín Rural.